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Sería mo bo que a xustiza do estado español ocuparase dos asesinos na dictadura franquista
Moratinos pide explicaciones a Venezuela después de que el juez procesase a seis etarras y siete guerrilleros por tratar de asesinar a Uribe
La Audiencia Nacional ve indicios de cooperación del Gobierno de Venezuela con ETA y las FARC. El juez Eloy Velasco procesó ayer a seis supuestos etarras y otros siete miembros de la organización colombiana que pidieron ayuda a la banda terrorista para atentar contra altos cargos de Colombia en España, entre ellos el actual presidente Álvaro Uribe y su antecesor, Andrés Pastrana. El magistrado señala en su auto que hay datos de la investigación que indican la “cooperación gubernamental en la ilícita colaboración” entre ambas organizaciones.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció desde Alemania que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ya se ha puesto en contacto con el Ejecutivo de Chávez para pedir una explicación. Desde Venezuela contestaron a última hora de la tarde y calificaron de “tendenciosa e inaceptable” la acusación del juez.
DOCE PROCESADOS
En el auto hecho público ayer, Velasco dicta orden de busca y captura para doce de los procesados, todos, menos la integrante de la Comisión Internacional de las FARC Remedios García Albert, que vive en España. Así, solicita la extradición a los gobiernos de Venezuela y Cuba, países donde residen en la actualidad.
Entre ellos, se encuentra el etarra Arturo Cubillas Fontán, que en octubre de 2005 fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura del Ejecutivo de Chávez. Cubillas era responsable del colectivo de ETA en Venezuela desde 1999 y se encargaba de coordinar las relaciones con las FARC. El auto recuerda también que se casó con la venezolana Goizeder Odriozola, que desde 2007 ocupa el cargo de directora de Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder popular par el Deporte.
“Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entra las FARC y ETA y en especial de Arturo Cubillas, que tiene o ha tenido un cargo público en ese país”, señala el auto. Cubillas planeó una reunión con el jefe de las FARC Raúl Reyes para celebrar en 2004 aunque finalmente no pudo llevarse a cabo tras producirse varias detenciones.
Velasco detalla que en marzo y septiembre de 2000 dos miembros de las FARC, Edgar Gustavo Navarro Morales El Mocho y Víctor Ramón Vargas Salazar Chato se trasladaron a España y pidieron “colaboración” a miembros de ETA para localizar a Pastrana, y “más recientemente” trataron de hacer seguimientos al actual presidente colombiano Uribe.
La investigación, que parte de los 25 correos electrónicos incautados en marzo de 2008 a Raúl Reyes, concluye que los contactos entre los dos grupos contemplaban la realización de cursos de adiestramiento a miembros de ETA en la selva colombiana y venezolana a cambio de la “localización en España de objetivos de las FARC” y formación en las “técnicas más modernas de guerrilla urbana”. Las relaciones mantenidas entre ETA y las FARC desde los años ochenta les permitieron desarrollar proyectiles de forma conjunta y realizar entrenamientos en los campamentos de la guerrilla. En 2003, por primera vez en España se empleó una granada de similares características a las utilizadas por las guerrillas colombianas en sus campos de entrenamiento.
El resto de imputados son los supuestos etarras José Ignacio Echarte, Ignacio Domínguez Achalandabaso y José María Zaldua por los delitos de tenencias de explosivos, y José Angel Urtiaga y José Miguel Arrugaeta, junto a los miembros de las FARC Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda, Remedios García, Luciano Martín y Omar Arturo Zabala.
COLONIA NUMEROSA
ETA cuenta en Venezuela con unas 40 personas relacionadas con la banda y cerca de un centenar repartidos por diversos países de Iberoamérica. La mayoría son huidos de la Justicia y, por tanto, el colectivo más susceptible de ser repescado para la actividad operativa de la banda. La postura chavista respecto a ETA provocó un conflicto con España a finales de 2006, cuando se conoció que Venezuela iba a conceder la nacionalidad a cuatro etarras, Lorenzo Ayestaran (detenido el pasado domingo), Ángel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa, todos con delitos de sangre, para evitar su extradición.
http://www.xornal.com/artigo/2010/03/01/espana/audiencia-acusa-gobierno-chavez-ayudar-eta-farc/2010030123080200999.html
