El PP usa una ley contra Batasuna para excluir de las urnas a un alcalde gallego

El regidor está inhabilitado en sentencia no firme por un delito de su antecesor

La reforma de la Ley Electoral aprobada en el Congreso el pasado enero, con los votos de PSOE y populares, le ha servido al PP gallego para excluir de la contienda electoral a Xaquín García Couso, alcalde nacionalista del BNG de Arzúa (A Coruña), una pequeña localidad de 6.000 habitantes. Y ello a sabiendas de que la modificación de la norma tiene como objeto en su preámbulo "evitar que formaciones políticas ilegales o quienes justifican o apoyan la violencia terrorista puedan utilizar nuevas vías para, fraudulentamente, concurrir a futuros procesos electorales y obtener representación institucional". Así, serán inelegibles "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado".

Para impugnar ante la Junta Electoral de Santiago al regidor García Couso, y conseguir que esta lo haya declarado "inelegible", los populares se han apoyado en una sentencia no firme que lo condena a seis meses de inhabilitación por no ejecutar el derribo de un edificio. El veredicto procede en realidad de una actuación de su antecesor en el cargo, Manuel Moscoso, del PP, a quien la justicia sí había emplazado en firme a echar abajo el inmueble. Fue en 1997, seis años antes de perder el puesto tras ser derrotado en las urnas por una coalición entre nacionalistas y socialistas.

Ayer, el Tribunal Constitucional rechazó admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el BNG. "Una decisión nunca vista en la historia del Constitucional", protestó el líder de los nacionalistas, Guillerme Vázquez, "no jurídica, sino política". El alto tribunal no ha apreciado "trascendencia constitucional" en el hecho y se ha negado a entrar en el fondo del asunto. Ya solo la Fiscalía del Estado, a instancias del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, puede presentar un recurso de súplica y lo tendría que hacer antes de tres días. A ello lo emplazó Guillerme Vázquez, que habló de "atropello democrático" y se refirió al "contexto general de restricción de las libertades democráticas en el Estado español" en el que han sucedido los acontecimientos.

Pero la denuncia del PP es solo el último capítulo de una historia ya larga. Antes de solicitar la impugnación del alcalde García Couso, a quien incluso el ministro de Fomento, el socialista José Blanco, ha mostrado su solidaridad, el ahora candidato de la derecha en Arzúa, Armando Cascón, había intentado sobornar al regidor.

Fue cuando, como director de la radio municipal con puesto de funcionario, Cascón le ofreció información favorable y relegar a la inopia informativa a la oposición -socialistas y sus actuales compañeros del PP, que lo fichó en marzo- a cambio de que el Ayuntamiento le subiese el sueldo un 50%, de 1.000 a 1.500 "euros líquidos al mes, 14 pagas". El alcalde se negó y la conversación, mantenida en agosto de 2009, trascendió el mes pasado, ya que, aconsejado por su abogado, García Couso la había grabado tras contratar una agencia de detectives.

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