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Carlos Slepoy, abogado argentino especializado en derechos humanos, es uno de los promotores de la querella argentina que pide juzgar a los responsables del genocidio franquista. Sufrió la represión en primera persona, ya que fue encarcelado poco antes del golpe de estado argentino de 1976. Pasó por varias prisiones antes de exiliarse un año después en Madrid, donde reside desde hace 32 años. En 1989 actuó como abogado de la acusación popular en los juicios que instruyó el juez Garzón contra el dictador Videla. Intervino en los procesos contra los ex militares argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Carvalho. El destino quiso que regresara a su país natal para presentar la querella que podría sentar en el banco de los acusados a Manuel Fraga y a otros ex ministros de Franco. Slepoy, casado y con dos hijas, se muestra convencido de que la justicia del país austral “actuará como lo hizo la española en Chile o Argentina”.
El Gobierno español ya ha recibido el exhorto de la Cámara Federal argentina que pregunta si se están investigando los crímenes franquistas. ¿Y si España respondiese que ya está investigando esos delitos?
El exhorto dice que se ponga en conocimiento del juzgado si se están investigando los crímenes cometidos desde 1936, con el inicio de la Guerra Civil, hasta 1977. En el caso de que responda que ya los está investigando, ese documento pregunta de qué causas en concreto se trata y pide que se mande testimonio de ellas. Pero sabemos que no las hay, ya que cuando Garzón se inhibió la mayoría de los juzgados archivaron las causas al considerar que esos delitos habían prescrito y solo unos pocos están investigando la ubicación de las fosas, pero no hay una causa penal en curso. Y es que, aunque las autoridades españolas digan que esos hechos se están investigando, tendrá qué decir cuáles son en concreto.
¿Les legitima que España haya juzgado con anterioridad a los responsables de la dictadura argentina?
La justicia argentina actuará como lo hizo la española en Chile o en Argentina, imputando a las personas que cuenten con los indicios suficientes y dictando órdenes internacionales de detención. Debemos de tener en cuenta que, además, no solo a las personas que fueron asesinadas o sufrieron algún tipo de represión, sino al secuestro y la substitución de identidad de niños durante el franquismo. Garzón cifró 30.000 niños que fueron sustraídos de su familia de origen. Y la jueza Servini de Cubría también solicitó que se investigaran estos hechos. Esperamos que el proceso continúe. Confiamos en quebrantar la impunidad franquista.
¿En qué criterios se basan para calificar el franquismo como genocidio?
En las resoluciones de Garzón se hablaba de los crímenes de lesa humanidad, definidos en el Derecho Internacional como los que se cometen en el marco de un ataque generalizado contra la población civil. El genocidio requiere la destrucción de grupos humanos e interpretamos que se cometió genocidio en España por el exterminio de las personas, ya que el franquismo perseguía la destrucción de grupos de pertenencia. Se les atacaba por anarquistas, comunistas, republicanos... o por tener ideas religiosas diferentes a la católica. El objetivo era destruir grupos de la sociedad española distintos a los eclesiásticos y a los militares, eliminándolos físicamente para crear una nueva nación sobre otras bases. Por esto la definición de genocidio, que forma parte de un debate internacional acerca de la diferencia entre lesa humanidad y genocidio. El genocidio alude a la idea de desafianzar a través de las armas a determinados grupos sociales, lo que impulsa a cometer crímenes contra esos grupos de oposición.
Se ha hablado de las posibles compensaciones económicas a las que podrían optar los represaliados, ¿en qué punto se encuentra esta cuestión?
Esto es producto de numerosas investigaciones históricas. Además de los bienes expoliados, casas y propiedades, ha habido empresas que se han beneficiado del trabajo esclavo de muchas personas. Si se llega a determinar la responsabilidad penal de las empresas se depurarían también responsabilidades económicas. Es una cuestión que está abierta pero no se trata del elemento central, que es perseguir a los que cometieron los crímenes. Uno de los motivos que explican el increíble fenómeno de haber logrado suspender a Garzón es precisamente que existen muchas familias y empresas que en España se han beneficiado de latrocinios y tienen mucho que perder. Ese eventual proceso podría provocar que esas empresas puedan ser sancionadas, con la confiscación o el embargo de sus bienes. No es algo inmediato, pero según se perfile el proceso también se exigirán responsabilidades en este sentido. Las presiones evitaron que Garzón profundizara más en este tema.
La querella argentina, ¿complementa de algún modo los autos de Garzón?
Los autos de Garzón contemplan los delitos cometidos hasta 1952. Nosotros hemos ampliado el abanico temporal hasta el 17 de julio de 1936, un día antes del golpe de Estado, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas en España. Es por esto que, aunque se trata de dos causas distintas, en cierto modo puede decirse que se complementan, ya que se refieren a los mismos delitos. Lo importante es que la causa argentina implica una ampliación espacial, porque solicita que esos crímenes se investiguen desde Argentina.
El mismo Fraga e incluso el Rey de España podrían sentarse en el banco de los acusados, ¿es correcto?
El período temporal de la querella es muy amplio porque llega hasta las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. Esto hace que los responsables que a día de hoy puedan seguir vivos sean numerosos. Muchas de estas personas ocupan cargos de gran relevancia en diversos estamentos de la sociedad española.
¿Con qué apoyos cuentan y cómo va el proceso de compilación de datos?
La apertura de procedimientos en España sobre los genocidios cometidos en Argentina y Chile se instruyeron durante mucho tiempo sin ningún tipo de apoyo. Pero esta querella, por el contrario, recibió desde el momento en que fue presentada el respaldo unánime de numerosos particulares y entidades dedicadas a la recuperación de los derechos humanos. Este proceso ha despertado una enorme expectación en Argentina y en otros muchos países de América Latina donde residen muchísimos españoles exiliados del franquismo. En cuanto a los datos, contamos con el asesoramiento de varias universidades y estudios rigurosos que acreditan esa información.
En Galicia, el abogado Gustavo García, de la Fundación Galega contra a Impunidade, coordina los apoyos a la querella, ¿sucede lo mismo en otras comunidades autónomas?
Por el momento no hemos barajado esa posibilidad, pero es algo que estudiaremos. En Galicia, especialmente, existe un gran apoyo a la querella. Y es que hemos partido de caso paradigmático del gallego Severino Rivas, alcalde socialista asesinado en 1936. Su caso ejemplifica el tipo de persecución que se puso en marcha contra determinados grupos. Fue un representante político fusilado sin previo juicio, detenido ilegalmente y desaparecido durante décadas. Su hijo Darío, que vive en Argentina, presentó esa querella con nosotros. A partir de entonces no han cesado las peticiones de familiares de represaliados que desean personarse como testigos o querellantes.
El pasado jueves ha habido una manifestación en la Plaza de Mayo en solidaridad con el proceso judicial argentino, ¿prevén más actos? ¿Se organizarán eventos similares en otros lugares?
Todo esto continúa de algún modo los actos de apoyo a Garzón, ya que su inhabilitación ha disparado la indignación, cuando él inició lo que hoy conocemos como principio de jurisdicción o justicia universal. La manifestación decidimos celebrarla en la Plaza de Mayo, que es un lugar de gran simbolismo. La idea es repetir este acto y extenderlo a otros puntos del país, como hicieron las Madres de la Plaza de Mayo. En Madrid y en otras ciudades españolas se hicieron también actos de apoyo a Garzón. Esperemos que las muestras de solidaridad prosigan.
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